El Interés general y la excelencia en los SERVICIOS PÚBLICOS

En el capítulo escrito por Gonzalo Quintero Olivares del libro El interés general y la excelencia de los servicios públicos catedrático de Derecho Penal, se refiere a la cancelación de la concesión. La legislación vigente enumera las causas de resolución de los contratos de gestión de servicios públicos. De acuerdo a la ley, la Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo directamente por razones de interés público debido a su “potestad originaria”. Aquí es donde Quintero considera que nace el problema en la interpretación del significado que tiene la llamada “competencia originaria” que, en ocasiones, ha sido traducida como libérrima potestad de recuperación de la gestión directa del servicio, sin que nada pueda oponerse a esa decisión. La especificación de cuáles son las razones de interés público, no serían motivos derivados del contrato de concesión sino argumentos meta-contractuales. Esa manera de entender el fin de la concesión administrativa es...

María José Feijóo Rey , Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, editora del libro “El interés general y la excelencia en los servicios públicos” junto con Manuel Pimentel, aborda la integración como empleados públicos del personal de las empresas contratistas. El contexto político español, con recientes cambios de especial incidencia en el ámbito local, ha supuesto, en algunos casos, replantear determinadas cuestiones en relación con los servicios públicos de titularidad municipal. Los servicios públicos, además de garantizar el abastecimiento, deben cumplir con los parámetros de calidad en la prestación del servicio . Feijóo considera que se deben buscar soluciones que ofrezcan, desde el derecho laboral, seguridad al personal afectado y no precaricen el empleo , un riesgo que muchas veces está presente en las soluciones que buscan exclusivamente la reducción de costes. Si no existe la seguridad de que con la reversión se...

Indica el catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Míguez , en el primer capítulo del libro: El interés general y la excelencia en los servicios públicos , que no usamos de forma correcta el término “remunicipalización”. Recordemos primero qué es la municipalización de los servicios públicos . Originalmente, se trata de un movimiento que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, cuando las técnicas jurídicas de la actividad administrativa prestacional estaban todavía conformándose, y que propugnaba que la prestación de lo que hoy son servicios públicos municipales la asumiesen directamente los Ayuntamientos, en lugar de confiarla a la empresa privada bajo el régimen de concesión administrativa.   Este concepto antiguo de remunicipalización difícilmente se puede mantener bajo la Ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que sólo utiliza ya la expresión a la hora de ...

¿Cuáles son los límites para la asunción por los Ayuntamientos de la gestión directa de los servicios públicos? Luis Míguez, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela responde a esta cuestión en el primer capítulo del libro: El interés general y la excelencia en los servicios públicos. Por un lado, nos topamos con el principio de libre competencia y el derecho de la Unión Europea , que encuentra su anclaje constitucional en el reconocimiento de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y en la actualidad, se rige en buena medida por las previsiones del Derecho de la Unión Europea. “Esta es una primera fuente de limitación” manifiesta Míguez. Los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia y eficacia constituyen un segundo bloque de obstáculs. El catedrático resalta que ello no se limitan a imponer al Ayuntamiento que justifique que la forma de gestión elegida va a ser sostenible financieramente, eficiente y efi...

Desde hace más de dos décadas la colaboración público-privada ha dominado en nuestro país como modelo de gestión de los servicios públicos. No obstante, desde hace solo una legislatura -concretamente desde el 2015- muchos de los ‘ayuntamientos del cambio’ han reclamado la vuelta a la gestión directa, sobre todo de servicios como el suministro agua, la recogida de basuras o el cuidado de parques y jardines. Recientemente la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha reafirmado su apuesta por el modelo de colaboración público-privado porque “ permite una gestión más eficiente de los servicios públicos, aporta una mayor flexibilidad e innovación, y permite que los servicios públicos, en un contexto de recursos escasos, se presten en mejores condiciones a toda la población y a todos los territorios" . Como lamenta Manuel Pimentel, coeditor y coautor del libro: El interés general y la excelencia en los servicios públicos, “en los últimos años solo se ha cu...

El servicio de grúa, la ORA (es decir, el de Ordenación y Regulación de aparcamientos en la vía pública), bibliotecas y socorrismo son cuatro de los intentos de remunicipalizació n que se plantearon en las pasadas elecciones de 2015 en A Coruña, donde en el último año de mandato ninguno de los cuatro intentos ha conseguido materializarse. ¿Por qué después de tanto “ruido” estos gobiernos populistas no han podido llevar a cabo este cambio en la manera de gestionar los servicios públicos que tanto han anunciado? Al final, lo que parece muy sencillo, se encuentra con trabas legales y laborales. Tal y como Carlos L. Alfonso, presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, catedrático en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València explica en El Confidencial “ limitaciones jurídicas hay muchas, concretamente, las laborales, puesto que normalmente el contratista privado tiene un personal y se intenta que este personal siga la s...

¿Por qué, tras dos décadas de servicio de “modelo Alzira”, la Generalitat de Valenciana ha decidido volver a la gestión pública en este hospital? En pleno debate sobre el futuro de sus empleados, las instalaciones y la plantilla, formada por 1.660 profesionales, han pasado a estar bajo control directo del Gobierno valenciano. Y es en este momento cuando se les cuestiona que desde la administración autonómica se asuma el personal de la antigua concesionaria sin opositar y con casi los mismos derechos que un funcionario. Una solución que no convence a ninguna de las partes. Asimismo, hay muchas más complicaciones en esta reversión: muchos profesionales no están cobrando la nómina correctamente y siguen sin recibir los incentivos por objetivos según el modelo retributivo que tenía Ribera Salud -y que la Conselleria ha tenido que asumir al estar vigente el convenio colectivo hasta diciembre de 2018-. ¿Por qué cambiar lo que funciona bien? A esta cuestión responde Maria José Feij...