El Interés general y la excelencia en los SERVICIOS PÚBLICOS

Remunicipalización es la palabra consagrada. Las palabras son armas poderosas al servicio de las ideas y la expresión remunicipalización no es inocente ya que evoca una recuperación de lo público para el municipio, cuando en verdad sabemos que jamás la titularidad dejó de ser municipal. No se puede remunicipalizar lo que siempre fue municipal. Se trata de palabras-marketing que venden una ideología simplista que ha tenido su origen en la severa crisis económica por la que ha pasado España, lo que dio pie a que cuajara la idea difundida por algunos sectores de que la culpa la tenían la economía de mercado y las empresas privadas. Esta idea se sintetiza en el binomio: lo privado es malo y lo público es bueno. Esto dio pie a que en las elecciones municipales de 2015 determinadas fuerzas políticas radicales -principalmente Podemos y partidos afines- plantearan que toda la gestión privada que se llevara a cabo en los ayuntamientos había que revertirla y que fuera gestionada...

Recientemente hemos conocido que la empresa FCC ha demandado al ambientólogo Jordi Colomer por el estudio que le encargó el Ayuntamiento de Badalona sobre el sistema de recogida de basuras de la ciudad. FCC considera que el técnico "vertió imputaciones falsas" sobre el sistema de recogida de residuos de FCC en su informe. El eldiario.es en el siguiente artículo señala que la empresa vincula este objetivo con la trayectoria de Colomer como asesor de gobiernos municipales para recuperar la gestión plenamente pública de servicios externalizados a empresas privadas. Por su parte, Colomer lo niega y defiende que se limitó a realizar un trabajo técnico de asesoría. Esta noticia de actualidad guarda relación con lo que nos señala el profesor Roger Cots, asociado de Derecho Constitucional de la UAB y secretario general de Ayuntamiento de Gavá (Barcelona), quien analiza la función de la Administración en la gestión de los servicios públicos en el libro “El interés general...

¿Por qué, tras dos décadas de servicio de “modelo Alzira”, la Generalitat de Valenciana ha decidido volver a la gestión pública en este hospital? En pleno debate sobre el futuro de sus empleados, las instalaciones y la plantilla, formada por 1.660 profesionales, han pasado a estar bajo control directo del Gobierno valenciano. Y es en este momento cuando se les cuestiona que desde la administración autonómica se asuma el personal de la antigua concesionaria sin opositar y con casi los mismos derechos que un funcionario. Una solución que no convence a ninguna de las partes. Asimismo, hay muchas más complicaciones en esta reversión: muchos profesionales no están cobrando la nómina correctamente y siguen sin recibir los incentivos por objetivos según el modelo retributivo que tenía Ribera Salud -y que la Conselleria ha tenido que asumir al estar vigente el convenio colectivo hasta diciembre de 2018-. ¿Por qué cambiar lo que funciona bien? A esta cuestión responde Maria José Feij...

Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal y coautor del libro El interés general y la excelencia en los servicios públicos , expone en el mismo que la Administración actual ha perdido el cómodo privilegio de recuperar concesiones sin dar explicaciones e invocando al interés público. Quintero añade que antes “el interés público era un cajón de sastre donde se metía cualquier cosa". El motivo es que ahora es "un tiempo nuevo, y las obligaciones de las administraciones públicas al construir una concesión son mucho más complejas". Hoy en día, gracias a la última reforma legislativa ha desaparecido la posibilidad de “rescatar” un servicio público aludiendo al interés público o con argumentos poco elaborados, sustenta el catedrático. Actualmente, ocurre que muchas Administraciones como Madrid, Valladolid, Terrassa o Barcelona han decidido recuperar la gestión del servicio cedido, pero esa recuperación, remarca el autor, exigirá un procedimiento administrativo co...

Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal explica en una entrevista para Confilegal las dos Directivas de la Unión Europea que han acabado con una de las “tradiciones españolas” en materia de concesiones. Gracias a estas pautas europeas, “la Administración pública desde hace pocos años, está obligada a explicar las razones por las que ha decidido cesar en la prestación de un servicio, transfiriéndolo a una empresa pública”, concreta. Para el experto esto ha supuesto la desaparición de resolver anticipadamente concesiones de obras o servicios mediante la técnica del rescate por motivos de interés público, pues el rescate deja de ser una ‘prerrogativa’ del poder adjudicador.   Las Directivas 2014/23/UE relativas a la adjudicación de contratos de concesión y 2014/24/UE sobre contratación pública establecen un listado cerrado de cancelación anticipada que no incluye “la vaga e hispánica causa de interés público ”. Con estas condiciones no cabe duda de ...

Luis Miguez Macho, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, habla en este video sobre conceptos, modelos y límites jurídicos asociados al término "remunicipalización" de un servicio público.

Gonzalo Quintero, catedrático en Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili, ha explicado en una entrevista a Voz Populi que “tanto la remunicipalización como la adjudicación irregular puede causar problemas si no se hace bien". En los últimos tiempos se ha construido el concepto de “prevaricación omisiva, para refe rirse aquellos casos en los que intencionadamente una autoridad pública permite consciente que se esté haciendo algo que no debe consentir”. Son las denominada expropiaciones ilegales, que pueden llegar a ser delictivas. El experto añade que los llamados “ayuntamientos del cambio” se han dado cuenta de que “remunicipalizar” un servicio no es tan fácil bajo las órdenes de la ley. Con la última reforma legislativa, las administraciones no tendrán la posibilidad de “rescatar” un servicio público aludiendo al interés público, afirma. Además, con la nueva ley de Contratación Pública o “legislación de la contratación del Estado” la Administración tendrá que...

El catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Miguez Macho ha explicado en la introducción del libro: El interés general y la excelencia en los servicios públicos las implicaciones que se han de tener en cuenta a la hora de decidir si asumir la gestión directa de un servicio público. “La Administración municipal tendrá que integrar en su organización los recursos materiales y humanos necesarios para la gestión del servido, y por ello existen distintas alternativas legales”, reitera el catedrático. Luis Miguez Macho en la presentación del libro en Madrid Los límites jurídicos con los que se encuentra la asunción por los Ayuntamientos de la gestión directa de los servicios públicos de su titularidad o competencia se han de tener presentes. “Hay tres, por lo menos que no puede obviarse: el principio de libre competencia dentro del marco del Derecho de la Unión Europea; los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia y eficaci...

El exministro, jurista y coeditor del libro El interés general y la excelencia en los servicios públicos Manuel Pimentel, ha explicado a Diario Sur que la titularidad de los servicios municipales ha sido siempre pública y que en ningún caso es posible plantear la pérdida del carácter público de los servicios públicos municipales básicos. Otra cosa es que esos servicios puedan gestionarse de manera directa como externalización a través de una empresa, en función de la libre y legal decisión municipal. “Corresponde por tanto a los ayuntamientos no sólo la titularidad, sino la ineludible responsabilidad del control”, manifiesta sobre el debate en torno al concepto de remunicipalización. El exministro aclara que tanto la gestión directa como la externalizada son posibles y deben analizarse caso por caso. “Hay servicios directos que funcionan muy bien, al igual que los hacen a plena satisfacción la mayoría de los de gestión privada”, reitera. “No debe tomarse ninguna de...

Una de las cuestiones que se tratan, de forma preliminar, en el libro El interés general y la excelencia en los servicios públicos es el propio concepto de “remunicipalización”, un término utilizado de forma errónea según los autores de dicha obra. Manuel Pimentel, empresario, editor y ex ministro de Trabajo, aclara que los servicios públicos no se pueden “remunicipalizar” ya que siempre han sido municipales. En este sentido, en una entrevista a CatalunyaPress , el coeditor del libro matiza que   “ tanto por nuestra Constitución como por nuestras leyes, la titularidad de los servicios públicos siempre es pública. (…) El término 'remunicipalización' evoca una recuperación de lo público para el municipio, cuando lo cierto es que nunca ha dejado de ser de titularidad municipal. Otra cosa es que, legalmente, ese servicio pueda prestarse de manera directa por el municipio, o externalizando su gestión a través de una empresa”. En esta misma línea se manifiesta Luis Mígu...

El profesor asociado de Derecho Constitucional de la UAB y también secretario general del Ayuntamiento de Gavá (Barcelona), Roger Cots, analiza la figura de la Administración en cuanto a su influencia en la decisión del municipio respecto a quién gestiona los servicios públicos.

Carlos L. Alfonso Mellado, presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UV, expone las implicaciones que conlleva la “remunicipalización” de un servicio público, especialmente en el ámbito laboral. 

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira y Virgili (URV), Gonzalo Quintero, analiza las posibles consecuencias penales de la recuperación de la gestión de un servicio público por parte de la Administración pública, en caso de producirse de tramitarse de forma incorrecta.