El Interés general y la excelencia en los SERVICIOS PÚBLICOS

¿Cuáles son los límites para la asunción por los Ayuntamientos de la gestión directa de los servicios públicos? Luis Míguez, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela responde a esta cuestión en el primer capítulo del libro: El interés general y la excelencia en los servicios públicos. Por un lado, nos topamos con el principio de libre competencia y el derecho de la Unión Europea , que encuentra su anclaje constitucional en el reconocimiento de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y en la actualidad, se rige en buena medida por las previsiones del Derecho de la Unión Europea. “Esta es una primera fuente de limitación” manifiesta Míguez. Los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia y eficacia constituyen un segundo bloque de obstáculs. El catedrático resalta que ello no se limitan a imponer al Ayuntamiento que justifique que la forma de gestión elegida va a ser sostenible financieramente, eficiente y efi

Desde hace más de dos décadas la colaboración público-privada ha dominado en nuestro país como modelo de gestión de los servicios públicos. No obstante, desde hace solo una legislatura -concretamente desde el 2015- muchos de los ‘ayuntamientos del cambio’ han reclamado la vuelta a la gestión directa, sobre todo de servicios como el suministro agua, la recogida de basuras o el cuidado de parques y jardines. Recientemente la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha reafirmado su apuesta por el modelo de colaboración público-privado porque “ permite una gestión más eficiente de los servicios públicos, aporta una mayor flexibilidad e innovación, y permite que los servicios públicos, en un contexto de recursos escasos, se presten en mejores condiciones a toda la población y a todos los territorios" . Como lamenta Manuel Pimentel, coeditor y coautor del libro: El interés general y la excelencia en los servicios públicos, “en los últimos años solo se ha cu

El servicio de grúa, la ORA (es decir, el de Ordenación y Regulación de aparcamientos en la vía pública), bibliotecas y socorrismo son cuatro de los intentos de remunicipalizació n que se plantearon en las pasadas elecciones de 2015 en A Coruña, donde en el último año de mandato ninguno de los cuatro intentos ha conseguido materializarse. ¿Por qué después de tanto “ruido” estos gobiernos populistas no han podido llevar a cabo este cambio en la manera de gestionar los servicios públicos que tanto han anunciado? Al final, lo que parece muy sencillo, se encuentra con trabas legales y laborales. Tal y como Carlos L. Alfonso, presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, catedrático en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València explica en El Confidencial “ limitaciones jurídicas hay muchas, concretamente, las laborales, puesto que normalmente el contratista privado tiene un personal y se intenta que este personal siga la s

¿Por qué, tras dos décadas de servicio de “modelo Alzira”, la Generalitat de Valenciana ha decidido volver a la gestión pública en este hospital? En pleno debate sobre el futuro de sus empleados, las instalaciones y la plantilla, formada por 1.660 profesionales, han pasado a estar bajo control directo del Gobierno valenciano. Y es en este momento cuando se les cuestiona que desde la administración autonómica se asuma el personal de la antigua concesionaria sin opositar y con casi los mismos derechos que un funcionario. Una solución que no convence a ninguna de las partes. Asimismo, hay muchas más complicaciones en esta reversión: muchos profesionales no están cobrando la nómina correctamente y siguen sin recibir los incentivos por objetivos según el modelo retributivo que tenía Ribera Salud -y que la Conselleria ha tenido que asumir al estar vigente el convenio colectivo hasta diciembre de 2018-. ¿Por qué cambiar lo que funciona bien? A esta cuestión responde Maria José Feij