El
servicio de grúa, la ORA (es decir, el de Ordenación y Regulación de
aparcamientos en la vía pública), bibliotecas y socorrismo son cuatro de los
intentos de remunicipalización que se
plantearon en las pasadas elecciones de 2015 en A Coruña, donde en el último
año de mandato ninguno de los cuatro intentos ha conseguido materializarse.
Al
final, lo que parece muy sencillo, se encuentra con trabas legales y laborales.
Tal y como Carlos L. Alfonso, presidente del Comité Económico y Social de la
Comunitat Valenciana, catedrático en Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universitat de València explica en El
Confidencial “limitaciones jurídicas hay muchas, concretamente, las laborales, puesto
que normalmente el contratista privado tiene un personal y se intenta que este
personal siga la suerte del servicio. Si otro contratista o la Administración
se hace cargo del servicio, que se haga cargo de este personal”. Añade
además que “Como empleados públicos, sólo
se contemplan las tasas de reposición. Y como empleados laborales se requiere
que se den las condiciones para que haya sucesión de empresa. Y eso requiere
que pase la actividad y los bienes con los que se presta la actividad”,
cuenta.
Por
otro lado, el coautor del libro 'El
interés general y la excelencia de los servicios públicos' aclara “esto, muchas veces, no se explica a los
trabajadores. Ya que, si cambia la Administración y decide reprivatizar el
servicio, volverían al sector privado. No serían nunca empleados públicos”.

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