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Mostrando entradas de junio, 2018

¿Remunicipalizar un servicio por motivos del interés público es legal?

Actualmente son numerosos los ayuntamientos en manos de grupos políticos de perfil populista los que defienden volver a una gestión directa de los servicios públicos aferrándose al principio: remunicipalizar por el interés público. Es decir, la Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo directamente apelando al interés general. Sin embargo, con la nueva legislación europea, esto ha cambiado. Tal como explica Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal de la URV, “remunicipalizar un servicio simplemente en nombre del interés público, sin ninguna explicación adicional, no se contempla como motivo, sino que tiene que ser por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, las necesidades de un servicio mejor, el deterioro, entre otras cosas lo que permita remunicipalizar un servicio”. En la actualidad, “muchos de los ayuntamientos quieren acabar con demasiadas concesiones que funcionan a la perfección, aunque siguen sin considerar los factores

¿Cuáles son las implicaciones organizativas para la Administración en procesos de remunicipalización?

   El fenómeno de la remunicipalización es un concepto en la actualidad muy “ideologizado” sobre todo desde que los gobiernos de izquierdas han empezado a estar al frente del poder en los principales ayuntamientos del país. Así lo cree Luis Míguez, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela en el primer capítulo del libro: El interés general y la excelencia en los servicios públicos, quien afirma que los ayuntamientos han de tener muy claro que “una vez deciden tomar de forma directa la gestión de un servicio público siempre tendrán que dotarse de los medios necesarios para llevarlo a cabo y adaptar su estructura organizativa a esa nueva tarea de la que se hace cargo”. En cuanto a medios personales es preciso tener en cuenta tres factores: en primer lugar, la eventual subrogación del Ayuntamiento en la posición del anterior gestor del servicio, con todas las complicaciones que ello presenta para la integración de los trabajadores afectados

Dos nuevas directivas europeas cambian el concepto en materia de concesiones administrativas

Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal explica en una entrevista para Confilegal las dos Directivas de la Unión Europea que han acabado con una de las “tradiciones españolas” en materia de concesiones. Gracias a estas pautas europeas, “la Administración pública desde hace pocos años, está obligada a explicar las razones por las que ha decidido cesar en la prestación de un servicio, transfiriéndolo a una empresa pública”, concreta. Para el experto esto ha supuesto la desaparición de resolver anticipadamente concesiones de obras o servicios mediante la técnica del rescate por motivos de interés público, pues el rescate deja de ser una ‘prerrogativa’ del poder adjudicador.   Las Directivas 2014/23/UE relativas a la adjudicación de contratos de concesión y 2014/24/UE sobre contratación pública establecen un listado cerrado de cancelación anticipada que no incluye “la vaga e hispánica causa de interés público ”. Con estas condiciones no cabe duda de que

¿Cómo impacta la gestión de los servicios públicos sobre los ciudadanos?

“Basuras, agua, limpieza de calles. Sin servicios municipales, la ciudad, sencillamente, no sería posible” . De esta forma destaca Manuel Pimentel, empresario y coeditor del libro El interés general y la excelencia en los servicios públicos la importancia de contar con unos servicios públicos gestionados al máximo nivel. En una entrevista al medio CatalunyaPress , el ex ministro de Trabajo expone que las prestaciones municipales son relevantes porque impactan de forma directa en nuestra calidad de vida. “Sus resultados son tangibles y comporta un elevado nivel de exigencia a quien los presta. Como ciudadanos tenemos derecho a exigir calidad y transparencia en su prestación. Pero, como en cualquier otra actividad, la gestión excelente siempre se agradece”.  En esto contexto, Pimentel defiende que todos los modelos de gestión de los servicios públicos son posibles y para decidir por cual optar no hay que partir de ideas preconcebidas e “ideologizadas”, en línea con lo que han manif