El Interés general y la excelencia en los SERVICIOS PÚBLICOS

Actualmente son numerosos los ayuntamientos en manos de grupos políticos de perfil populista los que defienden volver a una gestión directa de los servicios públicos aferrándose al principio: remunicipalizar por el interés público. Es decir, la Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo directamente apelando al interés general. Sin embargo, con la nueva legislación europea, esto ha cambiado. Tal como explica Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal de la URV, “remunicipalizar un servicio simplemente en nombre del interés público, sin ninguna explicación adicional, no se contempla como motivo, sino que tiene que ser por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, las necesidades de un servicio mejor, el deterioro, entre otras cosas lo que permita remunicipalizar un servicio”. En la actualidad, “muchos de los ayuntamientos quieren acabar con demasiadas concesiones que funcionan a la perfección, aunque siguen sin considerar los factores...

Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho Penal explica en una entrevista para Confilegal las dos Directivas de la Unión Europea que han acabado con una de las “tradiciones españolas” en materia de concesiones. Gracias a estas pautas europeas, “la Administración pública desde hace pocos años, está obligada a explicar las razones por las que ha decidido cesar en la prestación de un servicio, transfiriéndolo a una empresa pública”, concreta. Para el experto esto ha supuesto la desaparición de resolver anticipadamente concesiones de obras o servicios mediante la técnica del rescate por motivos de interés público, pues el rescate deja de ser una ‘prerrogativa’ del poder adjudicador.   Las Directivas 2014/23/UE relativas a la adjudicación de contratos de concesión y 2014/24/UE sobre contratación pública establecen un listado cerrado de cancelación anticipada que no incluye “la vaga e hispánica causa de interés público ”. Con estas condiciones no cabe duda de ...

Gonzalo Quintero, catedrático en Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili, ha explicado en una entrevista a Voz Populi que “tanto la remunicipalización como la adjudicación irregular puede causar problemas si no se hace bien". En los últimos tiempos se ha construido el concepto de “prevaricación omisiva, para refe rirse aquellos casos en los que intencionadamente una autoridad pública permite consciente que se esté haciendo algo que no debe consentir”. Son las denominada expropiaciones ilegales, que pueden llegar a ser delictivas. El experto añade que los llamados “ayuntamientos del cambio” se han dado cuenta de que “remunicipalizar” un servicio no es tan fácil bajo las órdenes de la ley. Con la última reforma legislativa, las administraciones no tendrán la posibilidad de “rescatar” un servicio público aludiendo al interés público, afirma. Además, con la nueva ley de Contratación Pública o “legislación de la contratación del Estado” la Administración tendrá que...

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira y Virgili (URV), Gonzalo Quintero, analiza las posibles consecuencias penales de la recuperación de la gestión de un servicio público por parte de la Administración pública, en caso de producirse de tramitarse de forma incorrecta.