Gonzalo Quintero,
catedrático en Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili, ha explicado
en una entrevista a Voz
Populi que “tanto la remunicipalización como la
adjudicación irregular puede causar problemas si no se hace bien". En los
últimos tiempos se ha construido el concepto de “prevaricación omisiva, para
referirse aquellos casos en los que intencionadamente una autoridad pública
permite consciente que se esté haciendo algo que no debe consentir”. Son las denominadaexpropiaciones ilegales, que pueden llegar a ser delictivas.
El experto añade que los llamados “ayuntamientos del cambio” se han dado cuenta de que “remunicipalizar” un servicio no es tan fácil bajo las órdenes de la ley. Con la última reforma legislativa, las administraciones no tendrán la posibilidad de “rescatar” un servicio público aludiendo al interés público, afirma.
Además, con
la nueva ley de Contratación Pública o “legislación de la contratación del
Estado” la Administración tendrá que velar por un servicio mejor y no más caro.
“Hoy en día no basta solo con cubrir el interés público, es totalmente
insuficiente”, concluye el catedrático.

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