Desde hace más de dos décadas la
colaboración público-privada ha dominado en nuestro país como modelo de gestión
de los servicios públicos. No obstante, desde hace solo una legislatura -concretamente
desde el 2015- muchos de los ‘ayuntamientos del cambio’ han reclamado la vuelta
a la gestión directa, sobre todo de servicios como el suministro agua, la
recogida de basuras o el cuidado de parques y jardines.
Recientemente
la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha reafirmado su
apuesta por el modelo de colaboración público-privado porque “permite una gestión más eficiente de los
servicios públicos, aporta una mayor flexibilidad e innovación, y permite que
los servicios públicos, en un contexto de recursos escasos, se presten en
mejores condiciones a toda la población y a todos los territorios".
Como lamenta Manuel Pimentel, coeditor
y coautor del libro: El interés general y
la excelencia en los servicios públicos, “en los últimos años solo se ha
cuestionado este modelo de colaboración”. Aunque ya
son muchos los ayuntamientos que se han puesto en marcha procesos de reversión,
varios de ellos han tenido que echarse hacia atrás en muchos casos al observar
las dificultades legales y de procedimiento que tenía cumplir con esas promesas.
Por su parte, Gonzalo Quintero, catedrático
de Derecho Penal, ya lo avanzó en la presentación del mismo libro: “los ayuntamientos
del cambio han visto cómo los procesos de remunicipalización han sido más
complejos de lo esperado. Y más que lo serán a partir de ahora dado que con la
última reforma legislativa desaparece la posibilidad de 'rescatar' un servicio
público aludiendo al interés público o con argumentos poco elaborados”. “Con la
nueva ley, la administración tendrá que argumentar que puede hacer el servicio
mejor y no más caro”, concluye el experto.
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