¿Por qué, tras dos décadas de servicio de
“modelo Alzira”, la Generalitat de Valenciana ha decidido volver a la gestión
pública en este hospital? En pleno debate
sobre el futuro de sus empleados, las instalaciones y la plantilla, formada por
1.660 profesionales, han pasado a estar bajo control directo del Gobierno
valenciano. Y es en este momento cuando se les cuestiona que desde la administración
autonómica se asuma el personal de la antigua concesionaria sin opositar y con
casi los mismos derechos que un funcionario. Una solución que no convence a
ninguna de las partes.
Asimismo, hay muchas más complicaciones en
esta reversión: muchos profesionales no están cobrando la nómina correctamente
y siguen sin recibir los incentivos por objetivos según el modelo retributivo
que tenía Ribera Salud -y que la Conselleria ha tenido que asumir al estar
vigente el convenio colectivo hasta diciembre de 2018-.
¿Por qué cambiar lo que funciona bien? A esta
cuestión responde Maria José Feijóo, profesora titular de Derecho de Trabajo y
Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, y coeditora del libro 'El interés general y la excelencia en
los servicios público donde enfatiza sobre las consecuencias de los
contratos de los trabajadores ya que "si quiero pasar a ser empleado
público debo hacerlo mediante un proceso de selección", por lo que no se
puede hacer funcionario a un trabajador de una empresa, aunque esa fuera la
intención. Por ello, el procedimiento para volver a municipalizar la gestión de
servicios públicos es mucho más largo y tedioso que "una sola
legislatura".
Para la profesora Feijóo hay que dejar muy
claro que cuando se produce la remunicipalización de una empresa privada, o
internalización, la consecuencia no es un trasvase automático de contratado
laboral a empleado público.
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