Recientemente hemos conocido que la empresa FCC
ha demandado al ambientólogo Jordi Colomer por el estudio que le encargó el
Ayuntamiento de Badalona sobre el sistema de recogida de basuras de la ciudad. FCC
considera que el técnico "vertió imputaciones falsas" sobre el
sistema de recogida de residuos de FCC en su informe.
El eldiario.es
en el siguiente artículo
señala que la empresa vincula este objetivo con la trayectoria de Colomer como
asesor de gobiernos municipales para recuperar la gestión plenamente pública de
servicios externalizados a empresas privadas. Por su parte, Colomer lo niega y
defiende que se limitó a realizar un trabajo técnico de asesoría.
Esta noticia de actualidad guarda relación
con lo que nos señala el profesor Roger Cots, asociado de Derecho Constitucional
de la UAB y secretario general de Ayuntamiento de Gavá (Barcelona), quien analiza
la función de la Administración en la gestión de los servicios públicos en el
libro “El interés general y la excelencia en los servicios públicos”.
Para el experto, con indiferencia
del modelo de gestión que se decida, la Administración Pública no debe
renunciar a sus facultades de supervisión, de dirección, de control y debe
contar de forma perpetua con los medios técnicos y humanos para prestarlo.
Cots expone que “el elemento
clave que ha de tener en cuenta la Administración -a la hora de decidir quién
gestiona una prestación municipal- es que la decisión administrativa se debe
fundamentar en todo momento en base al interés público”. Así, la Administración
siempre pondrá el foco en buscar la fórmula más eficiente en beneficio del
interés general.
En cualquier caso, Cots concluye
“el servicio público constantemente estará encaminado a servir al ciudadano,
con independencia de la forma de gestión del mismo”.
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