En el debate sobre quién debe prestar los
servicios públicos municipales, suelen reproducirse de forma interesada algunos
conceptos erróneos que deben ser aclarados.
Por un lado, para Manuel Pimentel empresario y
coeditor del libro: El interés general y
la excelencia en los servicios públicos,
"hay que recordar cuando se dice que se va a recuperar la gestión para
el sector público, que la gestión siempre fue de titularidad pública, aunque
fuera realizada por una empresa”. En su opinión, lo que se privatiza es la
gestión del servicio que pasa a manos de una empresa, sin embargo, el servicio
es público y seguirá siendo público, con independencia de su forma de gestión.
Otra confusión común es manifestar que el
servicio gestionado de forma indirecta pasa a control de la empresa que lo
presta. Como explica Carlos Alfonso, presidente del Consejo Económico y Social
de la Comunidad Valenciana y coautor del mismo libro, “la administración tiene
siempre la obligación, un deber -no una facultad- de controlar la prestación
del servicio, evaluarla y hacer un seguimiento para comprobar su mejor
prestación”.
Siguiendo el análisis otras de las afirmaciones son sobre el
coste de la gestión, para unos es más caro la prestación directamente por una
empresa privada y además de peor calidad. Según Pimentel esta idea no es cierta,
ya que “la mayoría de las veces que se remunicipaliza sale más caro al
ciudadano que cuando esa gestión está correctamente externalizada”. Al mismo
tiempo, remarca que “hay gestiones privadas muy eficaces, que invierten en
innovación, aplican nuevas tecnologías y comparten gastos que consiguen que la
gestión privada no solo tenga mucha más calidad, sino también sea más
económica”.
En cualquier caso, los autores del libro defienden
la premisa de que: “todos los modelos de gestión son posibles, pero para
decidir entre ellos es necesario pensar en el bien común, evaluarlos
técnicamente y cumplir las leyes”.
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