¿Hay riesgos laborales cuando la Administración decide “remunicipalizar” un servicio?

La ciudad de Córdoba acaba de anunciar que el mantenimiento de parques y jardines, un servicio privatizado en un 30%, será prestado a partir de ahora por parte de Sadeco, la empresa municipal de saneamiento del municipio.

Esta “remunicipalización” implica la subrogación de 64 empleados de Thales y Clece que están prestando el servicio, trabajadores que no han tardado en convocar una huelga en septiembre. ¿El motivo? “No vemos cómo están velando por nuestras garantías laborales, no están suficientemente preservadas. Además, consideramos que segregar un servicio que lleva en la entidad local desde tiempo inmemorial es motivo suficiente para manifestar nuestros derechos.”

El propio director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha votado en contra de la “remunicipalización total”, porque no se están asegurando las garantías laborales de sus trabajadores y además cree que en este proceso “se plantean muchas lagunas jurídicas, donde es imposible poder cubrir toda la demanda de personal necesaria”. 

Los aspectos laborales son uno de los principales límites con los que los Ayuntamientos topan a la hora de “remunicipalizar” ciertos servicios públicos, una cuestión que no es tan sencilla de resolver jurídicamente, tal y como exponen los expertos del libro El interés general y la excelencia de los servicios públicos

María José Feijóo, profesora titular Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona sostiene que para acceder a la condición de empleado público y respetar el principio de méritos sería necesario superar un proceso de formación y selección. Por ello, en el cambio a la gestión directa muchas personas se podrían ver afectadas.

Por su parte, Manuel Pimentel, doctor en Derecho, exministro de Trabajo y coeditor deja muy claro que “la vuelta a lo público no puede suponer nunca un empeoramiento de la calidad del empleo ni la estabilidad de los trabajadores, eso siempre se ha de tener en cuenta”.

No obstante, ¿existen suficientes garantías para impedir la precarización del empleo? Para Carlos L. Alfonso, presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana, con la nueva legislación de contratación público de 2017 es esencial que exista trasmisión de bienes patrimoniales entre el empresario que cede el servicio y la administración que lo recupera, porque de eso determinará que haya sucesión o no.

“Y es desde esta decisión lo que dependerá que se pueda incorporar a los trabajadores como empleados manteniendo su estabilidad”, concluye el experto.