¿Cuáles son las fórmulas de prestación de un servicio en un municipio?

En la actualidad son cuatro las fórmulas posibles  de prestación de servicios a nivel municipal en España, tal y como se expone en el libro El interés general y la excelencia en los servicios públicos.

En primer lugar, se da la gestión directa, en la que los servicios públicos son gestionados, controlados y suministrados directamente por la Administración local.

Otra opción es la gestión directa mediante descentralización funcional, es decir, cuando el gobierno local crea agencias para la provisión de los servicios tales como organismos autónomos, entes públicos empresariales, empresas públicas o fundaciones, que serán capaces de prestar los servicios con mayor rapidez y se adaptaran más a las necesidades de los ciudadanos.

Por otro lado, la gestión indirecta mediante externalización, la Administración local establece un contrato con una empresa privada para la prestación de un servicio concreto. Sin embargo, aunque es la empresa privada la que se encarga de la provisión, la Administración pública sigue manteniendo la capacidad de decisión y control sobre el mismo.

Y finalmente, la gestión indirecta mediante empresas mixtas, en este caso, la gestión del servicio la realiza una entidad participada por el sector público y privado, donde el capital de estas empresas se encuentra repartido entre ambas.

Ante todas estas opciones, ¿cuál es el mejor modelo de gestión? Pues Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y coeditor del libro afirma que depende. “El mejor modelo siempre será el que ofrezca más calidad de servicio al ciudadano. Por lo tanto, no debe abordarse nunca desde un prisma ideológico, como se ha abordado últimamente, sino que es una cuestión de evaluar cuál es el mejor”.

En la misma perspectiva se encuentra Carlos L. Alfonso Mellado, catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, coautor del libro que enfatiza en la idea de que “no hay una única respuesta en cuanto a cuál es mejor, sino que habrá que ver cuál de los cuatro garantiza mejor en cada caso concreto, las condiciones que debe cumplir un servicio público, concluye.