El diario La Razón ha reunido recientemente a
Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro de
Justicia; Valeriano Gómez, economista y ex ministro de Trabajo e Inmigración;
Ramiro Aurín, ingeniero y consultor en Gobernanza del Agua; y Roger Cots,
secretario general del Ayuntamiento de Gavá (Barcelona) y profesor asociado de
Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, para generar un
debate bajo el título: Servicios
públicos: el interés general por encima de las ideologías.
Durante la sesión se puso de manifiesto uno
de los grandes problemas a la hora de remunicipalizar un servicio: qué hacer
con los empleados de la empresa internalizada. Para Valeriano Gómez, el
principal obstáculo es que “España es de
los países que peor tiene resuelto este asunto porque la legislación, en este
sentido, es un campo de minas”.
Recientemente, los jueces han desarrollado
una nueva forma de contratación “la de carácter indefinido no fijo” añade el ex
ministro de Trabajo e Inmigración. Un contrato distinto al de un funcionario
público, por lo que quiere dejar claro “no
se le puede prometer el paraíso a los empleados que transiten del sector
privado al público”.
Para Francisco Caamaño, asimismo, declara que
se pueden introducir cláusulas sociales, como políticas de igualdad. Por
ejemplo, que la concesionaria preste el servicio con una plantilla formada por
un número mínimo de mujeres. Por esa razón, el ex ministro de Justicia manifiesta
que, para ello, se deben realizar pliegos amplios porque todas las condiciones
a cumplir tienen que estar redactadas previamente.
Aunque sabemos que los contratos requieren de
cierta flexibilidad para Roger Cots, “las modificaciones contractuales son
inexplicables, ya que han sido uno de los males de los servicios públicos
provocados por la ideología”.
En pocas palabras, los cuatro expertos han
querido dejar claro que todavía quedan muchas lagunas por resolver, sobre todo
en el campo laboral.
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