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¿Cuál es el mejor modelo de gestión de los servicios públicos?


¿Gestión pública o público-privada de los servicios públicos? Este debate empezó a resurgir de nuevo en las elecciones municipales de 2015 cuando los partidos populistas plantearon que toda los servicios públicos que deben ofrecer los ayuntamientos debían  ”volver” a ser gestionados de forma directa y no a través de operadores privados.

Desde  entonces, muchos expertos han analizado el tema, entre ellos, Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y uno de los coordinadores del libro “El interés general y la excelencia en los servicios públicos”.  En una entrevista en Confilegal, Pimentel sostiene que “el mejor modelo es el que ofrezca más calidad de servicios al ciudadano”. Sobre el debate sobre quién gestión mejor los servicios, si los propios Ayuntamientos  o bien las empresas, opina que ”no debe abordase nunca desde un prisma ideológico, como se ha hecho últimamente, sino que es una cuestión de evaluar cuál es el mejor”.

Otro de los autores que participan en la obra, Carlos Luis Alfonso Mellado, presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UV, apuesta también por la calidad del servicio como criterio prioritario, aunque quiere enfatizar que el servicio, sea quien sea quien lo gestione, ha de ser siempre “socialmente responsable, es decir, con una implicación de responsabilidad medioambiental, laboral, etc”. A fin de decidir el modelo “se tendrá que tener en cuenta cuál de los dos garantiza mejor el servicio en cada caso concreto, y sobre todo nunca dejar de analizar estas condiciones responsables con las que ha de cumplir un servicio público”, sostiene el experto.

En la misma línea se manifiesta Roger Cots, profesor asociado de Derecho Constitucional de la UAB y también secretario general del Ayuntamiento de Gavá (Barcelona), quien apuesta por tomar la decisión garantizando un servicio eficiente, sostenible económicamente y con independencia. “El servicio público ha de ir siempre encaminado a servir al ciudadano, independientemente de la forma de gestión del mismo”, concluye Cots.



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