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La remunicipalización a debate: ¿Es rentable para los ayuntamientos?

Un nutrido grupo de expertos se ha reunido para debatir sobre los procesos de remunicipalización y los riesgos asociados a los mismos. Se trata de Manuel Pimentel, doctor en Derecho y exministro de Trabajo; Carlos Alfonso, presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana; Luis Míguez, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela; Roger Cots i Valverde, secretario general del Ayuntamiento de Gavá y profesor asociado de Derecho Constitucional de la UAB; María José Feijóo, profesora titular Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona y Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho penal en la Universidad Rovira i Virgili.



Pimentel recuerda que hay muchos tipos de gestiones, tanto en el ámbito público como en el privado. Lo importante es la inversión en "innovación, tecnología, la compartición de gastos y la eficiencia". En este sentido, la gestión privada suele superar en calidad a la pública y consecuentemente la remunicipalización de servicios sale "más cara al ciudadano que cuando esa gestión está externalizada correctamente".

Cots asegura por su parte que "en los municipios pequeños existe una especie de dejadez que solo se puede erradicar con buenos procesos selectivos y una mayor formación". Los factores que deben determinar la excelencia a la hora de evaluar un servicio público deben ser: control, dirección y supervisión. Sobre el último punto, sin embargo, matiza que "no por tener más controles conseguiremos ser mejores”. También recuerda que "el interés público no tiene apellidos políticos", y por lo tanto, la decisión final debe recaer sobre criterios objetivos, bien motivados y transparentes.

Entre los temas tratados, además de los costes cabe resaltar algunas de las problemáticas que pueden derivarse para los trabajadores. Míguez destaca la necesidad de "buscar las fórmulas para que ese personal pueda ser integrado en la plantilla municipal", lo que no siempre resulta sencillo jurídicamente. Casos como el de Cádiz o Jerez así lo atestiguan, donde las trabajadoras de ambos servicios están viendo como la remunicipalización ha puesto en peligro sus puestos de trabajo. 

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