En este contexto y frente a un Estado saturado, los autores explican que no se ha cumplido el vaticinio de que los gobiernos acabarían dominándolo todo: en cambio, se han convertido en reguladores. El trasvase de funciones del sector público al privado (en el que hay que englobar desde empresas a organizaciones sociales estructuradas) para atender de forma adecuada la prestación de servicios públicos ha generado justamente esta situación: la necesidad de que el Estado se convirtiese en un regulador competente de la actividad generada por la prestación de los mismos.
Por último, los autores explican la importancia de las futuras leyes que configurarán la prestación de servicios públicos a nivel local, clarificando sus competencias y responsabilidades. En todo ello tendrá la última palabra el Tribunal Constitucional, principalmente en cuanto a la relación entre CCAA y Ayuntamientos y en materia presupuestaria.
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